Reflexiones sobre el paquete fiscal

Por Pavel Isa Contreras

11 de Jun 2011 12:00 AM

En sentido general, la propuesta tributaria recién sometida al Congreso por el Ejecutivo movería modestamente al sistema tributario en la dirección correcta, debido a que contribuiría a hacerlo un poco más progresivo, gravando más a los "ricos" que a los "pobres". Esto debería contribuir a moderar los muy altos niveles de inequidad que caracterizan a la sociedad dominicana. Sin embargo, hay una percepción generalizada de que el Estado dominicano es un mal gastador de los recursos debido a que el gasto está condicionado por la discrecionalidad, el clientelismo y la corrupción, lo cual resta legitimidad a cualquier propuesta de nuevas cargas impositivas. Adicionalmente, el ajuste tributario se propone en un contexto muy difícil para los hogares, marcado por un fuerte aumento del precio de la energía, los combustibles y los alimentos, y podría deprimir aún más la economía. De acuerdo al propio gobierno, la propuesta recaudaría algo menos de RD$10 mil millones o el 0.5% del PIB para lo que resta de año, lo que es apenas una parte del problema presupuestario actual. Se inscribe en un esfuerzo más amplio del gobierno por lograr un plan fiscal que busca reducir el déficit público y que ha incluido aumentos en la tarifa eléctrica para reducir el subsidio al sector energía y recortes de gastos. La propuesta se hace en un contexto de caída de la capacidad recaudadora del gobierno y una clara incapacidad, según es reconocido por el propio gobierno, de reducir aún más el gasto. Al gobierno le urge presentar una propuesta creíble al FMI debido a que la posibilidad de colocar con éxito la nueva emisión de Bonos Soberanos y la concreción de otros desembolsos crediticios dependen críticamente del visto bueno de esa institución sobre la propuesta de cierre de la brecha fiscal. Esos desembolsos son cruciales para financiar el déficit, sostener la capacidad de pagos del Estado (incluyendo pagos de deuda y del subsidio eléctrico) y para inyectar de divisas a la economía, alimentar las reservas del Banco Central y desacelerar la presión alcista sobre el precio del dólar. La propuesta es esencialmente progresiva porque pone el énfasis en los rentables sectores financiero y de juegos de azar, en la tenencia de bienes inmuebles, en el impuesto sobre los beneficios de las personas y en impuestos sobre servicios no básicos. A pesar de eso, el paquete tiene algunos defectos que pueden mejorarse y es recesivo, es decir, contribuye a reducir el nivel de actividad económica y el empleo. Por una parte, como una proporción importante de las recaudaciones deberán ser destinadas a pagar deuda y a compras de bienes importados, una parte de la nueva recaudación se filtraría al extranjero sin que genere demanda interna y sin que promueva la producción y el empleo. Por otra parte, el impuesto sobre los activos del sector financiero, el cual promete explicar el grueso de las nuevas recaudaciones, va a traducirse en mayores tasas de interés. Los cargos por financiamiento subirían, el crédito se resentiría y la inversión caería. Esto, además de recesivo, eliminaría el carácter progresivo del impuesto, pues no serían los bancos quienes lo pagarían. Quizás una alternativa más adecuada desde el punto de vista de la equidad es gravar, con una tasa adicional del impuesto sobre la renta, los beneficios del sector financiero. A su vez, el impuesto sobre los dividendos, aunque es progresivo pues lo tienden a pagar los más ricos y no los más pobres, reduce la disponibilidad de recursos de los accionistas, y la capacidad de gasto o de inversión.  Sin embargo, ese impuesto también puede incentivar a no distribuir las ganancias entre los accionistas y a invertirla, lo que ayuda al crecimiento. Desafortunadamente lo haría en un contexto recesivo donde la demanda efectiva no parece justificar nuevas inversiones.  Además, hay que reconocer que el impuesto crearía una incómoda dualidad: mientras los accionistas serían gravados, los dueños de empresas de único dueño, al no distribuir dividendos, salen librados del impuesto. Un último elemento a destacar es que el impuesto a los dividendos profundiza otra dualidad tributaria: mientras las personas que tienen sus riquezas en empresas productivas están gravadas, quienes las tienen en forma financiera (depósitos a plazo, etc.) están, de facto, exentas. Nueva vez, el Estado estaría enviando el mensaje de que es preferible guardar los recursos en el sistema financiero a invertir para producir. Sin duda que la situación fiscal es grave y urgente, algo a lo que ha contribuido la propia gestión fiscal de años recientes. Aunque la dirección de la política fiscal en respuesta a la crisis fue correcta (mantener el nivel de gasto financiándolo con endeudamiento para evitar la caída del producto y del empleo) su intensidad parece haber ido más allá de lo razonable, generando un nivel de endeudamiento muy alto y un doloroso ajuste fiscal que durará años. Sin embargo, otra vez, el gobierno y el Estado olvidan poner énfasis en un lado crucial de la ecuación: el de los gastos. Es allí, en la mejora de la calidad del gasto, en su dirección, y en el combate a la corrupción y el clientelismo, donde se encuentra la llave para una reforma profunda del sistema fiscal y del rol del Estado en procura de una sociedad más equitativa, con mayores oportunidades y que garantice el ejercicio de los derechos fundamentales. Cuando se empiecen a dar pasos verificables en esa dirección, veremos reducirse la resistencia a mayores impuestos y, por supuesto, veremos mucho mayores y mejores resultados de las políticas públicas y de la acción del Estado. Pável Isa Contreras es economista